QUE GOLPISTAS SON¡¡¡¡¡

Editorial I

Por el buen camino

El acuerdo entre representantes de diversas fuerzas políticas es apenas la manifestación de un concierto inicial de voluntades

Viernes 24 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa 

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La gravedad de los hechos políticos y sociales de actualidad debió de haber potenciado, en lugar de atenuarlo en la consideración pública, el acuerdo concertado días atrás por figuras representativas de diversas fuerzas políticas. En él se estipularon bases mínimas de gobernabilidad.
Tan elementales han sido las propuestas alrededor de las cuales ha coincidido la voluntad de personalidades del Peronismo Federal, de la Coalición Cívica, de la Unión Cívica Radical, de Pro y del socialismo, que en otro país, o en este mismo país pero fuera del contexto de desafueros que lo abruma, hubieran sido difíciles de explicar.
Sobre cinco cláusulas convenidas en el acuerdo, cuatro son absolutamente elementales desde la perspectiva general de un Estado de Derecho. Es como haber convenido que el oxígeno es indispensable para la vida humana. Sin embargo, ha sido necesario hacerlo de manera explícita.
Por eso la cláusula primera, referida a las condiciones indispensables para la gobernabilidad de un sistema democrático y republicano de gobierno, dice que "el Poder Ejecutivo y la fuerza mayoritaria del Congreso, pertenezcan o no al mismo partido, aceptarán que los derechos de las mayorías no son absolutos y que es deber de sus representantes promover el diálogo. La oposición, por su parte, se abstendrá de acciones que obstruyan ilegítimamente al gobierno y provoquen alteraciones políticas y sociales".
Es interesante, e importante, que el ex presidente Eduardo Duhalde haya sido uno de los promotores de este entendimiento programático junto, entre otros, con el ex ministro radical Rodolfo Terragno y Francisco Cabrera, ministro de la Producción del gobierno de Mauricio Macri. Duhalde mal podía ignorar la larga tradición de perturbaciones peronistas a la estabilidad institucional de gobiernos civiles: con Arturo Illia, entre 1963 y 1966; con Raúl Alfonsín, durante cuyos casi seis años en la Casa Rosada la CGT organizó, sin más razones que el capricho político y corporativo, 13 paros nacionales; con Fernando de la Rúa, sobre todo en cuanto a la desestabilización final y los saqueos en el Gran Buenos Aires.
El reclamo del diálogo, como manifestación inequívoca del espíritu republicano y de la convivencia civilizada, está dirigido a poner en evidencia una de las debilidades mayores del régimen político instaurado en 2003. Ese aislamiento arrogante y autoritario ha condenado al propio justicialismo a quedar sometido a las decisiones de un pequeño círculo de poder, obstinado en condenar tanto el pasado como el presente a consignas insustanciales de facción.
La segunda cláusula, sobre Estado de Derecho, dice que se respetarán de manera rigurosa la división de poderes, la independencia de la Justicia y los principios y garantías fundamentales que consagra la Constitución nacional. ¿Quién puede decir lo contrario? Nadie. ¿Quién negaría, entretanto, que la actualidad desborda de argumentos que impulsan a renovar una profesión de fe contra la cual se han producido estos años innumerables atentados desde el poder político de la Nación?
La tercera cláusula, denominada de "seguridad jurídica", compromete a los firmantes a que los contratos firmados por el Estado se respeten y no sean alterados por actos administrativos o leyes de efecto retroactivo. ¿Acaso no se han violentado, con descaro inaudito, compromisos del Estado con empresas privadas y de servicios públicos, que han dejado a la Argentina al margen de muchas de las inversiones extranjeras realizadas en los últimos tiempos en América latina? ¿Acaso el país no ha sido señalado por organismos internacionales como consecuencia de la malversación de las estadísticas oficiales, aberración destinada a presentar cifras favorables al oficialismo y a adulterar las deudas que el Estado argentino tiene contraídas, pero por lo cual alguien deberá pagar en el futuro?
La cuarta cláusula, concerniente a la obligación de gobernar con transparencia, advierte que serán sometidos a revisión del Poder Judicial los actos viciados de ilegalidad o que hayan obedecido a hechos de corrupción. La aceleración de algunas causas, como se ha visto con llamativa regularidad con vistas a dejarlas cerradas antes de que cambien los vientos políticos, producirá, sin duda, ecos desconocidos en el pasado. Habrá que ver cómo se resuelven, pues este gobierno sentó como principio la negación de la cosa juzgada y desconoció la irretroactividad de las leyes penales, por ejemplo en el caso de los delitos de lesa humanidad. Puede haber días difíciles también para quienes agitaron el país en beneficio propio con la temeraria idea de que la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo indiscriminado afecta sólo a los que se gestan desde el Estado.
Cuando llegue ese momento -y todo llega, tarde o temprano-, La Nacion sostendrá, al igual que siempre lo ha hecho, el principio de legalidad y el orden republicano, por más que lo contrario pueda servir de lección aparente a quienes han afirmado, desde la civilidad, la noción de la intolerancia como ley inapelable. La Argentina necesita sentar las bases de un futuro de paz y de prosperidad, lejos de la venganza que degrada a todos. Por eso debemos celebrar que los firmantes se hayan comprometido, además, a constituir equipos económicos que identifiquen los requisitos inexcusables para el desarrollo económico social.
El hecho de que entre esos requisitos se haya incluido el federalismo económico, la erradicación de la pobreza y la educación masiva de calidad invita a aplaudir la iniciativa. Sin perjuicio de ello, déjese constancia de que todo eso constituye apenas la manifestación de un concierto inicial y necesario de voluntades.
Resta un trabajo de mayor aliento, y sostenido en la misma dirección, a fin de aunar la opinión favorable de otros sectores de la sociedad y la acción práctica de amplias franjas ciudadanas